2019 fue el peor año en la historia de la deforestación de la selva amazónica. Impulsados ​​por el discurso oficial del presidente brasileño Jair Bolsonaro, varios grupos que operan en la tala ilegal, la minería ilegal de oro y la cría de ganado en áreas irregulares se sintieron motivados y seguros para intensificar sus actividades depredadoras. El resultado de este proceso ha sido el surgimiento de conflictos agrarios y la muerte de activistas ambientales e indígenas.

Los especialistas detectaron en 2019 más de 80,000 puntos de incendio en la Amazonía brasileña. Los incendios fueron más intensos en agosto, septiembre y octubre y provocaron una crisis climática internacional. Miles de jóvenes y activistas ambientales salieron a las calles de varias capitales mundiales para protestar contra las políticas de conservación ambiental de Brasil. Documenté durante tres meses la quema y los principales pilares de la deforestación en la selva amazónica, tales como: expansión del ganado, tala ilegal, extracción de oro y comunidades indígenas bajo presión.

En 1996, el gobierno argentino aprobó, basándose únicamente en estudios de la Compañía Monsanto, el cultivo de soja transgénica y el uso del herbicida glifosato, que se empleó en cultivos modificados genéticamente. Casi dos décadas  después de la  utilización de agrotóxicos que afectan directa o indirectamente a un tercio de la población del país.

Argentina se ha convertido en un estudio de campo de experimentación donde cientos de estudios científicos y relevamientos sanitarios confirman el impacto de los biocidas. El Costo Humano de los Agrotóxicos documenta el impacto de 20 años de uso indiscriminado de agroquímicos en el noreste rural de Argentina, y su impacto devastador.

En el este de la República Democrática del Congo se concentran el 80% de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías como la telefonía móvil, la fabricación de ordenadores, armas inteligentes o industria
aeroespacial.

Existe una compleja red de intereses internacionales creados para saquear la zona. Países vecinos como Ruanda, a través de los cuales sale el coltán del país; multinacionales de todo el mundo, destinatarios últimos de este expolio ilegal; o los propios gobernantes congoleños, corruptos e incapaces de atajar el problema, son los responsables de que el país haya vivido todos estos años un conflicto con multitud de grupos armados operando en la zona, financiados y al servicio de estos intereses.

Las condiciones de trabajo de los mineros son extremadamente duras y peligrosas. Muchos mineros, desplazados internos del conflicto, acuden a las minas huyendo de otras zonas de mayor violencia. Deben enfrentarse a jornadas de trabajo de 15 horas por apenas 7 dolares diarios.

Con el dictador Francisco Franco moribundo, el rey Hasán II dio el golpe de gracia a la presencia española en el Sahara Occidental con la Marcha Verde (1975). Poco duró ya la presencia española, cuyas últimas tropas levantaron el vuelo en la conocida como Operación Golondrina (febrero de 1976).

Desde entonces ha pasado casi medio siglo y el proceso de descolonización del Sahara que debería exigir Naciones Unidas sigue atascado en las arenas del desierto. No hay el más mínimo interés.

España, como potencia oficialmente responsable del territorio, y Marruecos, como ocupante de facto, se sienten cómodos en medio de la indiferencia de la comunidad internacional.

El Reino alauí levantó un larguísimo muro en medio del desierto para tratar de impedir el regreso de los saharauis y evitar posibles ataques de un Frente Polisario cuya capacidad militar, sin apoyo externo, es casi nula.

Más allá del drama de decenas de miles de refugiados abandonados todas estas décadas en los campos de refugiados cerca de Tinduf (Argelia), el control de los recursos naturales como los fosfatos, la arena, la pesca o los hidrocarburos siguen en manos de Rabat y sin despertar tampoco excesivo interés ni por parte de Naciones Unidas ni por parte del resto de países.

Este texto podría perfectamente haberse escrito hace varias décadas sin que perdiera vigencia alguna. La colonia más antigua de África no es noticia habitual.

El problema de la tenencia de tierra es el conflicto más antiguo de Colombia. La lucha por el control de la riqueza de ésta, y el derecho a explotar sus recursos, es una disputa vigente en la que el eslabón más débil pugna por sobrevivir.

Durante décadas las minas de Muzo, la capital mundial de la esmeralda, han producido una inmensa fortuna para sus propietarios. A finales del siglo pasado se sucedieron distintos conflictos entre líderes esmeralderos para hacerse con el control del territorio durante las denominadas “Guerras Verdes”. En aquellos tiempos, los llamados “barequeros” –buscadores de esmeraldas– se contaban por miles en la quebrada del Río Minero, esperando encontrar bajo la negra tierra aquella gema que los sacara de la extrema pobreza. Después de que las leyes medioambientales de Colombia prohibieran a las empresas echar al río la tierra sobrante de las excavaciones mineras, tan sólo unas decenas de “barequeros” siguen removiendo los restos con sus propias manos.

El expolio de nuestro potencial industrial

El expolio no es solo una realidad en países pobres y lejanos. Esta práctica habitual del capitalismo está muy cerca de nosotros. La avaricia de las multinacionales, de los fondos buitre, se está llevando por delante el presente y el futuro de casi mil familias en Galicia, las que alimentan los trabajadores de Alcoa, tanto en A Coruña cómo en la Marina lucense.

Según fuentes próximas al Ministerio de Transición Ecológica, nos últimos diez años a multinacional americana se embolsó alrededor de 1.000 millones de euros de ayudas públicas.

Cuando desde Pittsburgh, la multinacional decidió que los trabajadores de Alcoa ya no servían, ellos chillaron SÍ QUE SERVIMOS. Y cuando desde la Suiza, los fondistas decidieron venderlos la un conglomerado de nombre Riesgo, ellos chillaron NO al expolio de nuestros recursos públicos y de nuestra fuerza de trabajo.